Restricciones en programas laborales dividen posturas mientras EE.UU. busca equilibrar derechos de trabajadores y apoyo a empleadores.
El juez federal de Kentucky, Danny Reeves, emitió una orden judicial que bloquea las nuevas protecciones laborales impulsadas por la administración Biden para trabajadores agrícolas con visas H-2A en Kentucky, Ohio, West Virginia y Alabama. Según los demandantes, las normas del Departamento de Trabajo (DOL) permitirían a los trabajadores extranjeros sindicalizarse, una medida que, según el juez Reeves, requiere autorización del Congreso. Estas reglas buscaban proteger a los empleados de represalias, condiciones inseguras y prácticas de reclutamiento ilegales, pero fueron calificadas como “innecesarias” por el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, quien argumentó que perjudicarían a los agricultores locales. Sin embargo, el fallo no afecta a nivel nacional, limitándose a estos cuatro estados.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la emisión de 64,700 visas H-2B adicionales para el año fiscal 2025, de las cuales 20,000 estarán reservadas para trabajadores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Estas visas, destinadas a empleos temporales no agrícolas, forman parte de una estrategia para mitigar la migración irregular y fortalecer la economía estadounidense en sectores como hostelería, jardinería y procesamiento de mariscos. Las autoridades subrayaron la importancia de estas medidas para cubrir la falta de mano de obra estadounidense, al tiempo que se establecen regulaciones para evitar abusos laborales y combatir la trata de personas.
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Edición La Voz Aggieland
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